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Caso La Polar: Diputados UDI piden al Gobierno potenciar nueva institucionalidad financiera
Escrito por Prensa UDI - 10 / 06 / 2011
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Javier Macaya, Carlos Recondo y Ernesto Silva dijeron que “esto es una luz de alerta que invita a acelerar y revisar las normas de fiscalización”.

Debido a prácticas no autorizadas por su directorio para el otorgamiento de créditos a clientes, La Polar arriesga pérdidas de hasta US$ 430 millones y golpeó, además, a la Bolsa nacional.

Ante este escándalo financiero, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que integran la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, Carlos Recondo y Ernesto Silva, hicieron un llamado al Gobierno a acelerar la creación de una nueva institucionalidad financiera.

“Frente a lo ocurrido con La Polar, creemos necesario plantarle al Gobierno que haya mayor urgencia por avanzar en nueva institucionalidad de supervisión financiera”, dijo Silva, puntualizando que “hoy existen distintas superintendencias, cuya tarea es supervisar con celo lo que ocurre en el mercado, pero ante este caso y otros, es evidente la necesidad de generar una nueva institucionalidad, más moderna de supervisión financiera”.

En la misma línea, Macaya acotó “lo que estamos viendo ahora nos invita a supervisar con lupa lo que ocurre respecto de los créditos que otorga el retail y buscar la instalación de una nueva institucionalidad, en línea con las propuestas que en su momento hizo la Comisión Desormeaux”.

“Hay que reconocer y valorar el trabajo que hizo la Comisión Desormeaux y darle cauce a través de proyectos de ley concretos”, enfatizaron.

A su turno, Recondo hizo hincapié en que “el caso de La Polar demuestra que falló una adecuada supervisión de las instituciones correspondientes respecto de los créditos del retail”.

“Este episodio enciende una luz de alerta que invita a acelerar y revisar las normas de fiscalización de las superintendencias, en el ámbito del crédito del retail”, insistió Recondo.

A renglón seguido, el parlamentario gremialista añadió que “esto también es una luz amarilla respecto de la fiscalización que debiera existir sobre las empresas auditoras externas, que juegan un rol muy importante de resguardar la fe pública”.

 
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