Unión Demócrata Independiente

Acuerdo Tribunal Supremo – 2 Noviembre 2015

Partido - 15 diciembre, 2015
Acuerdo Tribunal Supremo – 2 Noviembre 2015

En Santiago, a 02 de noviembre de 2015, el Tribunal Supremo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) estima necesario establecer criterios sobre los hechos públicos que han concitado interés general y partidario, distinguiendo y precisando dos categorías de hechos distintas, como son por una parte el abuso de cargos públicos y el enriquecimiento en base a influencias políticas, y por otra el financiamiento que se ha permitido habitualmente a la política en Chile. Para ello este Tribunal ha adoptado el siguiente acuerdo:

1. La UDI entiende que la acción apegada a normas éticas, ejercida en forma honesta y transparente, debe caracterizar y distinguir el estilo de sus militantes. Junto a los valores a los que el Partido adhiere, ese sello de conducta personal imprime un sentido trascendente a la acción política y constituye el ejemplo que la UDI debe encarnar para motivar a los ciudadanos a sumarse al servicio público.

2. Recientemente la opinión pública ha tomado conocimiento de situaciones que podrían significar que algunos militantes de la UDI hubieren obtenido beneficios personales impropiamente, y que ellos podrían haberse obtenido mediante tráfico de influencias con funcionarios públicos, gestiones irregulares con autoridades o el aprovechamiento inadecuado de cargos públicos. En ejercicio de las facultades que el Estatuto le confiere, tales graves situaciones serán investigadas de oficio por este Tribunal Supremo y, de acreditarse, serán sancionadas por tratarse de conductas indebidas que comprometerían seriamente el prestigio del partido.

3. Tales conductas no deben confundirse con la actuación de militantes que han intervenido en el financiamiento del partido o de campañas políticas, en formas que han sido cuestionadas y que se encuentran sujetas a investigación por autoridades públicas.

4. Este Tribunal, como órgano disciplinario de un partido político, no tiene las atribuciones para juzgar la legalidad de las actuaciones de sus dirigentes y militantes. Se trata de un tribunal político, cuyo marco de acción no alcanza a la calificación de todas las conductas de sus militantes, sino solo de aquellas que afecten a la UDI en cuanto grupo intermedio, cuya autonomía para cumplir sus propios fines específicos está garantizada por la Constitución Política.

5. En ese contexto no puede pasarse por alto que, no obstante aportes estatales, la actividad política en nuestro país ha estado siempre, directa o indirectamente, financiada por personas naturales o jurídicas. Es de público conocimiento, y lo es especialmente para los diversos actores políticos, que algunas de esas contribuciones se han respaldado con la emisión frecuente de boletas o facturas.

6. Por largos años, la interpretación uniforme y homogénea de la autoridad tributaria ha sido que, en el caso de empresas, los pagos que no hayan correspondido a gastos por prestaciones de servicios efectivos, o necesarios para producir la renta del pagador, han sido tratados como gastos rechazados, con consecuencias contables y pecuniarias, incluyendo las multas respectivas. Este criterio, sostenido en el tiempo, ahora ha sido súbitamente variado por la autoridad fiscalizadora la cual, en ciertos casos –ni siquiera en todos-, comenzó a interpretar que esas situaciones revestirían el carácter de delitos.

7. Este Tribunal Supremo respeta las actuaciones de las autoridades públicas en el ámbito de su competencia. Sin embargo, como órgano de un partido político, estima su deber dejar constancia que cuestiona lo súbito de este cambio de criterio, y de su aplicación, más aun cuando no ha ido acompañado de un trato igualitario para los distintos dirigentes y sectores, pese a tratarse de situaciones transversales, que cruzan por igual a todo el espectro político del país.

8. Siendo así, en aquellos casos en que no haya existido ni se haya perseguido enriquecimiento personal y sin perjuicio de las responsabilidades legales individuales, este Tribunal Supremo entiende que no le cabe formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores.

9. Ello no obstante que, actualmente esas modalidades, en una apropiada mirada, sean calificadas unánimemente como irregulares, deficientes y afectas a vacíos que recién ahora el país parece estar en camino de corregir.

10. El Tribunal Supremo de la UDI ha estimado conveniente adoptar este acuerdo y hacerlo público para establecer con claridad el marco en el cual desenvolverá su acción en las materias a las que se ha hecho referencia.

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