Unión Demócrata Independiente

Declaraci贸n de la Uni贸n Dem贸crata Independiente: Ante la profunda desigualdad de trato

Partido - 10 julio, 2015
Declaraci贸n de la Uni贸n Dem贸crata Independiente: Ante la profunda desigualdad de trato

El pa铆s sigue con especial atenci贸n la situaci贸n que afecta a todo el espectro pol铆tico en relaci贸n a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio P煤blico ante las eventuales infracciones que habr铆an tenido lugar en el financiamiento de campa帽as electorales. Espera que, como corresponde, las instituciones funcionen y resuelvan conforme a derecho lo ocurrido y sus posibles consecuencias judiciales.

En estos procesos se encuentran investigados algunos integrantes de nuestro partido. Al respecto, queremos reiterar el irrestricto apego de la UDI a las normas de nuestro Estado de Derecho y nuestro respeto al ejercicio de sus atribuciones por parte del Servicio de Impuestos Internos, del Ministerio P煤blico y de los Tribunales. No hacemos defensas corporativas y las responsabilidades judiciales son personales.

Sin embargo, diferentes circunstancias han tenido lugar durante estos procesos que provocan un leg铆timo y sentido malestar, ya que se advierte en ellas un trato desigual y discriminatorio muy ajeno a la responsabilidad y ecuanimidad con que deben actuar los organismos competentes de procurar justicia. Nos referiremos a los m谩s salientes de ellos para ilustrar esta apreciaci贸n.

Hechos an贸malos

1.- La evoluci贸n de las investigaciones penales a los inculpados ha seguido un camino muy dispar. Mientras respecto de personeros de la oposici贸n los procesos avanzan con mucha rapidez, la investigaci贸n de otros del oficialismo se posterga (caso Martelli) sin dificultades.

As铆, hoy s贸lo dirigentes de la UDI y de RN han sido formalizados y est谩n con medidas cautelares, en tanto los de colectividades pol铆ticas de gobierno escasamente han sido llamados a declarar.

2.- La posibilidad de que el Ministerio P煤blico realice investigaciones en delitos tributarios depende del Servicio de Impuestos Internos que, por denuncia o querella, le solicita indagar la situaci贸n que podr铆a afectar a un contribuyente por alg煤n delito tributario. Este procedimiento ha sido utilizado en forma arbitraria.

Las denuncias del SII se han reducido hasta ahora s贸lo respecto de algunas personas, mayoritariamente de nuestro sector pol铆tico. Sin embargo cuando lo ha hecho en contra de otros personeros ligados al gobierno, tales requerimientos han sido circunscritos convenientemente a situaciones personales puntuales y no de sus sociedades, y a per铆odos muy acotados y no a uno de varios a帽os, como lo ha hecho con respecto de personas de la centroderecha.

3.- La regla mencionada que entrega al SII la titularidad de la acci贸n penal en delitos tributarios no se ha respetado por el Ministerio P煤blico. Existen personas (F. de Mussy y A. Cardemil) que en estos d铆as han sido formalizados por supuestas figuras penales de naturaleza tributaria, sin que haya existido al respecto una denuncia o querella del SII ni reparo alguno del respectivo Juez de Garant铆a. Esta anomal铆a revela intencionalidad y abuso de poder.

4.- El SII ha emitido a fines de junio una circular (n掳 10) que establece criterios para determinar c贸mo y cu谩ndo debe proceder a presentar una acci贸n penal. Tales criterios buscan reducir la discrecionalidad en el ejercicio de estas responsabilidades al imponer nuevas exigencias para proceder y al instalar un comit茅 que asesora al Director del servicio respecto de presentar o no una denuncia o querella.

Todo parece indicar que la aplicaci贸n de estos criterios m谩s restrictivos tendr谩n como efecto la no presentaci贸n de futuras denuncias y que, si ellos hubieran estado vigentes con anterioridad, muchos de quienes han sido objeto de estas acciones penales, principalmente de oposici贸n, no habr铆an estado en la situaci贸n en que se encuentran: ni formalizados ni con medidas cautelares. Ello produce un doble est谩ndar en la administraci贸n de justicia.

5.- Las medidas cautelares que se han adoptado en diversos casos de formalizaci贸n revelan tambi茅n tratos diferentes ante situaciones equivalentes. En una misma audiencia (6 de julio de 2015) a una persona (A. Cardemil) a quien se le imputan tres delitos se le da una cautelar de arraigo nacional con firma quincenal; en tanto que a otra persona con imputaciones similares (J. Novoa) se le decreta arresto domiciliario total.

Se entiende que la justicia es tal cuando establece disposiciones similares ante hechos equivalentes. No es lo que ha ocurrido. Tanto el Ministerio P煤blico como los Tribunales han actuado con criterios distintos ante la misma situaci贸n.

6.- Las determinaciones de los fiscales se entienden fundadas, producto de sus investigaciones. No ha sido el caso en la situaci贸n que afecta a uno de los imputados (J. Novoa). As铆, se establece que habr铆a existido de su parte solicitud de recursos para campa帽as pol铆ticas, pero que 鈥渘o tenemos certeza de d贸nde fue a parar el dinero鈥, lo que quiere decir que un fiscal insin煤a que fue al bolsillo del acusado.

Imputar conductas indebidas luego de una investigaci贸n es el deber de un fiscal, pero insinuar p煤blicamente posibles situaciones delictuales es contrario al ejercicio de su responsabilidad y s贸lo contribuye a desprestigiar al afectado por una conjetura de la que no puede defenderse.

7.- El Ministerio P煤blico ha efectuado afirmaciones en una audiencia de formalizaci贸n (de J. Novoa) que se encuentran re帽idas con nuestra institucionalidad. En su alegato destinado a justificar una medida cautelar, se帽al贸 que el formalizado, cuando se desempe帽aba como senador, habr铆a rechazado un proyecto de ley contra la evasi贸n tributaria, insinuando as铆 que ello serv铆a para demostrar una cierta voluntad evasora de su parte. El Juez de Garant铆a, al fundamentar su determinaci贸n, valid贸 la interpretaci贸n que de esa votaci贸n hac铆a el Fiscal.

Esto es in茅dito. El fundamento de una opini贸n pol铆tica, emitida en el ejercicio de sus funciones parlamentarias (por el ex senador J. Novoa), es ma帽osamente utilizada como sustento de una suerte de desinter茅s en combatir el no pago de impuestos. Ello es inaceptable. Desde luego porque es falso, desde el momento en que el ex senador Novoa se opuso al proyecto porque, como lo fundament贸 al votar: este proyecto 鈥渘o es el instrumento adecuado para evitar y terminar con la evasi贸n tributaria鈥, lo cual expresa su voluntad para combatir la evasi贸n, aunque por otra v铆a de la propuesta.

Pero hay m谩s: el fiscal y el juez podr谩n pensar pol铆ticamente en forma diferente pero 驴de cu谩ndo ac谩 una opini贸n pol铆tica vertida por un parlamentario en pleno ejercicio de sus derechos puede ser utilizada como fundamento para la determinaci贸n de una medida cautelar?

Ello rompe el orden constitucional y amenaza a los parlamentarios en el libre e inviolable ejercicio de sus derechos y, en especial, de su libertad de expresi贸n. El precedente que se podr铆a instalar de aceptarse esta consideraci贸n s贸lo servir铆a para acallar y censurar a autoridades leg铆timas.

Conclusiones

a.- Los hechos que hemos descrito permiten afirmar que existen diferencias muy marcadas en la forma c贸mo se est谩n llevando las investigaciones por malas pr谩cticas en el financiamiento electoral. Hay m谩s hechos que se podr铆an agregar que est谩n en pleno desarrollo.

El irrestricto respeto a nuestras autoridades en el desempe帽o de sus facultades y nuestra decisi贸n de no interferir de modo alguno en el desarrollo de los procesos en investigaci贸n que deben proseguir, no pueden significar guardar silencio cuando somos testigos de hechos gravemente an贸malos e injustos.

No pedimos nada en concreto respecto de las numerosas investigaciones en curso, ello no corresponde. Nuestra intenci贸n es una muy simple: a partir de hechos como los rese帽ados, queremos llamar la atenci贸n de lo que est谩 ocurriendo al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio P煤blico y a los Tribunales de Justicia, confiando en que sabr谩n revisar esta situaci贸n.

No hacerlo y seguir actuando del mismo modo, permitir铆a afirmar que no existe igualdad de trato y que en Chile las instituciones no funcionan igual para todos.

b.-  A la opini贸n p煤blica le reiteramos nuestro compromiso con nuestros principios de servicio p煤blico, a los que jam谩s renunciaremos.

Las conductas que est谩n siendo investigadas corresponden a malas pr谩cticas que, en honor a esos principios, rechazamos y que no deben aceptarse bajo ning煤n concepto, sin perjuicio de lo cual deben tener las sanciones que siempre se han aplicado en situaciones similares, sin discriminar por la posici贸n pol铆tica.

Ratificamos por ello nuestro compromiso para dar la m谩s pronta aprobaci贸n a una Agenda de Transparencia y Probidad que se encuentra en marcha, la que busca fijar est谩ndares altos de conducta al mundo pol铆tico, para as铆 asegurar que tales conductas no se vuelvan a repetir y para garantizar que el dinero nunca interfiera en las decisiones que las autoridades deben adoptar en beneficio del bien de todos y no de algunos pocos. S贸lo de esta forma podremos recuperar la confianza de los chilenos.

DIRECTIVA DE LA UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
10 de julio de 2015

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